El gobierno de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta Mier, alista un proceso judicial contra la empresa Agua de Puebla para Todos —operada por Concesiones Integrales S.A. de C.V.— bajo el argumento de que la concesión fue otorgada en condiciones desventajosas y con presuntas irregularidades en la prestación del servicio.

Desde Ciudad de México, el mandatario acusó que administraciones panistas incurrieron en violaciones a la Constitución al entregar el control del servicio hídrico, en lo que calificó como un esquema que favoreció intereses privados en detrimento de la población.

Entre los señalamientos, destacó el cobro por conceptos como la potabilización del agua sin que —afirmó— dicho proceso se realice de forma efectiva, lo que, dijo, forma parte de un modelo de operación que su administración busca llevar ante tribunales.

Con ese objetivo, el gobierno estatal ya integra expedientes para sustentar la denuncia, en un intento por revertir lo que considera un “negocio” consolidado en el sistema de concesión.

El conflicto, sin embargo, tiene implicaciones financieras de alto impacto. La rescisión total del contrato podría representar un costo cercano a los 7 mil millones de pesos para el erario, por lo que la administración analiza rutas alternas, entre ellas la adquisición de hasta el 75 por ciento de las acciones de la empresa para recuperar el control del servicio.

En paralelo, el gobierno estatal impulsa acciones de saneamiento ambiental, entre ellas la intervención del Lago de Valsequillo, señalado como uno de los puntos críticos de contaminación en la entidad. Estas labores se desarrollan en coordinación con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

De acuerdo con lo informado, ya se trabaja en el tramo que va de Santa Rita Tlahuapan al Lago de Valsequillo, con una extensión estimada de 109 kilómetros, de los cuales 30 han sido intervenidos hasta ahora.