La Fiscalía General de la República (FGR) informó que analiza las solicitudes de detención provisional con fines de extradición enviadas por el Gobierno de Estados Unidos, las cuales fueron notificadas a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

En un comunicado, la dependencia señaló que, como en cualquier procedimiento internacional, se deben cumplir todos los protocolos establecidos en la legislación mexicana, por lo que la documentación será revisada por la Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales para determinar si existen elementos probatorios suficientes que permitan dar viabilidad a dichas solicitudes.

La FGR precisó que, de manera paralela, iniciará una investigación propia para allegarse de información que permita establecer si hay datos de prueba que sustenten las acusaciones formuladas por autoridades estadounidenses y, en su caso, solicitar órdenes de aprehensión conforme al marco legal vigente.

No obstante, indicó que la solicitud recibida no está acompañada de pruebas suficientes que respalden de manera contundente los hechos señalados, por lo que su procedencia dependerá de la valoración jurídica conforme a las leyes mexicanas.

La institución recordó que, de acuerdo con la legislación nacional, para solicitar una orden de aprehensión es indispensable presentar datos de prueba que permitan inferir la posible comisión de un delito. Asimismo, subrayó que el Tratado de Extradición bilateral establece que la entrega de personas solo procede si las pruebas cumplen con los requisitos legales del país requerido.

En otro punto, la Fiscalía advirtió que las disposiciones internacionales obligan a mantener la confidencialidad de la información en estos procesos, por lo que consideró inapropiada la difusión pública de los datos contenidos en la solicitud, ya que podría afectar la naturaleza de los procedimientos penales.

 

Además, puntualizó que, en el caso de servidores públicos como gobernadores o senadores, la legislación mexicana contempla la necesidad de un juicio de procedencia para retirar la inmunidad procesal antes de cualquier acción penal.

Finalmente, la FGR reiteró que actuará con estricto apego a la ley, en respeto a la soberanía nacional y a los derechos de las personas involucradas.

“Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”, concluyó.