El presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, suspendió temporalmente la concesión a 10 años de la publicidad en paraderos, pendones y puentes peatonales.

“Por el momento, decidimos ponerle pausa a este proceso que el gobierno de la ciudad comenzó, para qué, para escuchar las partes que estamos interesadas en que se lleve a cabo de la mejor manera posible”, enfatizó.

“Me gusta hacer política de diálogo, me gusta hacer política de construcción, me gusta hacer política para mejorar las condiciones de los poblanos”, señaló el alcalde la mañana de este miércoles en la junta auxiliar de Azumiatla. 

La polémica propuesta de concesión subió de tono en la semana; incluso, generó un enfrentamiento entre el inquilino de Casa Aguayo, Miguel Barbosa, y el edil Eduardo Rivera. 

El día martes, el oriundo de Zinacantepec anunció que, para evitar controles políticos a través de bienes del dominio público, el Gobierno de Puebla presentará una propuesta para que las concesiones que las autoridades otorguen en Puebla no excedan la mitad del periodo de las siguientes administraciones, a fin de que estas puedan revisarlas y definir o no la continuidad de estos permisos.

“Esas concesiones tienen propósitos de control político, de crear obligaciones, de retribuciones en el manejo político de esa concesión, eso es”, aseguró el gobernador.

Sentenció que, a diferencia del pasado, su administración no abusa ni persigue a los presidentes municipales; sin embargo, refirió que no dejará de señalar aquellas acciones ilegales en prejuicio de las y los poblanos. 

“Que no me quieran a mi ver la cara, nunca un Código Fiscal del municipio está sobre la Constitución ni sobre la Ley Orgánica”, sentenció.

En tanto, el consejero jurídico del Gobierno del Estado, Carlos Palafox Galeana, refirió que todos los actos jurídicos generan derechos y obligaciones, las cuales, tratándose de actos de autoridad, deben estar regulados por el interés colectivo y en apego a la ley. 

En ese sentido, explicó que el artículo 57 de la Constitución señala que es facultad del Congreso autorizar la enajenación de bienes inmuebles del Estado o municipios, así como aprobar sus respectivos contratos cuando tengan una duración mayor al periodo por el que fueron elegidas las autoridades interesadas.

El día de ayer, Eduardo Rivera, alcalde capitalino, aseguró que no requiere del aval del Congreso del Estado para otorgar la concesión, debido a que se considera un acto administrativo, de acuerdo a lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“El gobierno municipal y todos los entes públicos estamos obligados a actuar conforme a la ley, y la ley es lo que mandata al propio municipio de Puebla para poder llevar a cabo esta concesión que se ha mencionado”, dijo.

“El artículo 57 fracción séptima de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado Puebla otorga ciertamente facultades al Congreso del Estado para aprobar la enajenación de bienes y los contratos con una duración mayor al periodo del Ayuntamiento, y el artículo 78 fracción 19 de la Ley Orgánica Municipal establece que los convenios y actos que comprometan al Ayuntamiento por un plazo mayor a este periodo deberán obtener la aprobación a que se refiere la constitución del estado”, apostilló.

Insistió que no existe facultad por parte del Congreso del Estado para aprobar actos, convenios y concesiones administrativas, solo especifica la ley “contratos” con una duración mayor al periodo del que tenga facultad el Ayuntamiento de Puebla.

La postura del Congreso 

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política en el Congreso local, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, confirmó que el Poder Legislativo debe conocer y analizar las condiciones en que el Ayuntamiento de Puebla signe un contrato o concesión que rebasa el tiempo de los tres años de administración.