Mediante reformas a diversos ordenamientos la LXI Legislatura del Congreso del Estado, en Sesión Pública Ordinaria, aprobó por unanimidad la iniciativa, haciendo uso del principio de concentración, para reconocer y sancionar la violencia vicaria y establecer penas de hasta 10 años con 8 meses a los hombres que la ejerzan.

La intención de esta reforma es incluir en diversos ordenamientos el concepto de violencia vicaria, entendida como aquella que se ejerce contra las mujeres consistente en todo acto u omisión intencional, con el objetivo de causar daño a la víctima a través del perjuicio, maltrato, descuido y/o manipulación de las hijas y los hijos.

Asimismo, se entiende como el daño o menoscabo del vínculo filial con la víctima. Se entiende que es una manifestación de violencia por parte de quien mantiene o mantuvo una relación afectiva o sentimental de pareja con la víctima, que por sí o por interpósita persona, utiliza a las hijas y los hijos de la víctima como instrumento para causarle daño.

Las disposiciones se aplicaron a la Ley para el Acceso de las Mujeres a un Vida Libre de Violencia del estado de Puebla, de la Ley de Prevención y Atención y Sanción de la Violencia de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, del Código Civil y del Código Penal, para lo que se hizo uno del principio de concentración de iniciativas presentadas por separado por las diputadas Aurora Sierra Rodríguez y Mónica Silva Ruíz.

Al hacer uso de la palabra, la diputada Aurora Sierra Rodríguez dijo que con estas reformas se da sentido a la ley y con ello se dignifica el cariño de muchas madres que a pesar de no poder ver a sus hijos jamás los abandonaron; asimismo, reconoció a las y los diputados que, en diferentes mesas de trabajo y comisiones, realizaron aportaciones para enriquecer el dictamen en beneficio de las mujeres.

En tanto, la diputada Mónica Silva Ruíz sostuvo que la violencia no es normal en ninguna de sus formas, no se debe aceptar y siempre se debe de sancionar, por lo que señaló que esta legislatura está trabajando en reformas con perspectiva de género y de infancia, buscando mecanismos para que éstos tengan un ambiente de paz.

También hicieron uso de la tribuna las diputadas Mónica Rodríguez Della Vecchia e Isabel Merlo Talavera, loa primera sostuvo que la violencia vicaria no es tema de estatus sociales y esta Legislatura ha sentado las bases para prevenir y visibilizar la violencia, en tanto que la segunda sostuvo que estas reformas se tratan de un avance en materia de género y camina sobre la pluralidad, asimismo, hizo una propuesta reformatoria para hacer de esta iniciativa más incluyente.

Tómelo en cuenta

Durante la última sesión ordinaria del Congreso local, se aprobó reformas al artículo 10 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como otro ordenamiento al Código Penal y a la Ley de las Niñas, Niños y Adolescentes.

Del mismo modo, se hicieron modificaciones al artículo 284 Bis del Código Penal, que está relacionado con la violencia familiar, mismo que se castiga con 3 años de prisión, por lo ahora con la agravante de violencia vicaria, la pena se incrementará hasta un tercio cuando se cometa en contra de una niña, niño, o adolescente el uso como instrumento para causar daño a la madre.

De acuerdo con el dictamen, será una agravante de la violencia familiar, delito que actualmente se sanciona con penas de dos a ocho años de prisión y multa de 50 hasta 200 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), en el momento de la comisión del delito.

La sanción aumentará hasta en una mitad, en caso de que la víctima sea mayor de setenta años, niña, niño o adolescente, persona con discapacidad, o mujer en periodo de gestación.

Por tanto, la pena por cometer violencia vicaria iría de los 2 años con 8 meses y hasta los 10 años y 8 meses de cárcel y multas de 66.6 hasta 266.6 UMAS, es decir, 6 mil 408 pesos y hasta los 25 mil 652 pesos.

Recordemos

La iniciativa fue presentada el 27 de enero de 2022 por las diputadas Aurora Sierra Rodríguez y Mónica Silva Ruiz, con el fin de garantizar que puedan tener justicia las mujeres que han sufrido la sustracción de sus hijos por parte de sus exparejas sentimentales.