Son setenta y cinco ayuntamientos quienes emprendieron una cruzada contra la Ley General de Comunicación Social y presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional. Dicha norma establece que solo pueden gastar el 0.1 por ciento de su presupuesto en campañas de difusión.
Esta reforma afecta la libertad hacendaria de los municipios establecida en el artículo 115 de la Constitución, toda vez que el artículo 26 de la Ley General de Comunicación Social pone tope al gasto en este rubro, sostiene el alcalde de la ciudad de Puebla, Eduardo Rivera Pérez.
“El límite del gasto del Programa Anual de Comunicación Social, en su conjunto, no debe rebasar el 0.1 por ciento del Presupuesto de Egresos Anual correspondiente”, comentó el edil poblano.
“Estamos defendiendo las libertades, el estado de derecho y la Constitución misma, pues no se puede violentar la autonomía de los municipios ni de los estados, mucho menos en la decisión de las finanzas, no pueden imponer como se debe de ejercer los recursos”, refirió el panista.
“Los ayuntamientos, emanados del PAN, PRI y MC, demandamos respeto a nuestra autonomía. En este país hay tres órdenes de gobierno que hay que respetar (…). Esperemos que la Corte nos dé la razón y no entre en vigor esta ley”, sostuvo.
Los estados de los ayuntamientos que tramitaron la controversia son Guanajuato, el Estado de México, Yucatán, Jalisco, Michoacán, Puebla, Sonora, Coahuila, Chihuahua, Querétaro, Baja California Sur, Tlaxcala, Aguascalientes, Nuevo León y Guerrero.
Recordemos.
La Ley General de Comunicación Social marca que su contenido es aplicable a los tres poderes de la federación, de las entidades, a los municipios, a las demarcaciones de la Ciudad de México, a organismos autónomos e instituciones públicas.
Y esta reforma se incluyó en el paquete del Plan B electoral promovido por el líder supremo de todos los mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, la cual ya fue aprobado por la Cámara de Diputados y actualmente encuentra en el Senado.
