El Congreso del Estado de Puebla avaló leyes pioneras para considerar los ataques de ácido a mujeres como tentativas de feminicidio y para quitar la custodia de los hijos a hombres acusados de matar a mujeres.

Puebla es el primer estado en reformar la ley para quitar la patria potestad a los feminicidas y suspenderla a aquellas personas que están siendo investigadas por feminicidio.

Los legisladores locales aprobaron, por unanimidad, la reforma de los códigos Penal y Civil que marca un precedente en el país y abre la puerta a que otros Estados legislen en el mismo sentido. La reforma fue bautizada como “Ley Monzón” en honor a la abogada Cecilia Monzón, asesinada en mayo del año pasado, y cuyo principal sospechoso de su muerte es el padre de su hijo, Javier N.

Recordemos.

La diputada por el Partido del Trabajo, Mónica Silva Ruiz, fue la promotora de esa ley por lo que padeció el hijo de la víctima.

“Tiene como finalidad única salvaguardar a las infancias y a las adolescencias que se quedan en orfandad por feminicidio, la ley dice que al morir un progenitor, inmediatamente la patria potestad se le queda al otro progenitor, pero la ley nunca contempló el supuesto de que fuera el padre quien le arrebatara la vida a la madre”, argumentó la petista.

Con esto, refiere Silva Ruiz se busca apuntalar un cambio de paradigma y velar en estos casos por el interés superior del menor, incluso por encima de la presunción de inocencia de los supuestos feminicidas.

La reforma plantea suspender la patria potestad de los menores cuyo padre esté vinculado a proceso por un feminicidio o intento de feminicidio. De confirmarse dicha sentencia, el hombre perdería de manera definitiva ese derecho.

“Estas violencias tienen efectos colaterales, sobre todo cuando existen niñas, niños y adolescentes involucrados, que se convierten en víctimas indirectas, cuando esta se ejerce en contra de sus madres”, comentó.

“Son ellos quienes quedan en una situación aún más vulnerable de la que se encontraban, ya que les han arrebatado a su madre y en muchos casos, quedan al cuidado del criminal que se dice su padre”, refirió la legisladora

“Estas reformas son un paso más en la gran deuda en la que nos encontramos porque ningún feminicida, aun cuando no haya concluido el hecho violento y se haya quedado en tentativa no podrá conservar la patria potestad, con lo cual niñas, niños y adolescentes podrán ser libres de ese entorno de violencia”, apuntó desde la tribuna del Congreso local, la diputada Mónica Silva.


La “Ley Ácida”, una realidad en Puebla

El Congreso del Estado aprobó, por unanimidad, reformas a la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal del Estado, para castigar hasta con 40 años de prisión a quien agreda a una persona con sustancias corrosivas.

El diputado priista Néstor Camarillo Medina aseguró que el estado poblano ha dado un gran avance legislativo en materia de violencia de género, como en mucho tiempo no sucedía.

La “Ley Ácida” reconoce los ataques realizados con ácidos como un tipo de violencia por “sustancias químicas”, además las cataloga como tentativa de feminicidio.

“He conocido parte del camino que han recorrido, que ha sido turbulento, áspero y complejo y en parte sin esperanza por no recibir justicia; quiero agradecerles una vez más que me hayan dejado caminar con ustedes sólo una pequeña parte y poder enmendar sólo un poco de su sufrimiento”, destacó Camarillo Medina, quien fue el primer legislador en proponer reformas al Código Penal en junio de 2022.

El dictamen agrega a la Ley para el Acceso de las Mujeres de una Vida Libre de Violencia el término de “violencia ácida” como aquel acto que inflige daño no accidental, utilizando ácido o cualquier sustancia corrosiva que pueda provocar, lesiones internas, externas o ambas. La reforma también modifica el Código Penal estatal que establece que estas lesiones serán sancionadas con penas que van de los 20 a los 40 años de prisión.

En el foro legislativo se dieron cita, como invitadas especiales, varias mujeres víctimas de estos ataques Carmen Sánchez, Esmeralda Millán y la saxofonista María Elena Ríos, quienes aplaudieron las reformas.

De acuerdo a la fundación Carmen Sánchez, 28 mujeres han sido atacadas con ácido en México en los últimos 20 años y según datos de Naciones Unidas, al año unas 1.500 personas son agredidas con ácido y sustancias corrosivas. De ellas, el 80% son mujeres. Según cifras de la fundación, seis de cada 10 ataques realizados con ácido en México son cometidos por parejas o ex parejas de las víctimas.

Cabe destacar que para la realización de esta propuesta a la que se sumaron los planteamientos de las diputadas Aurora Sierra, Tonantzin Fernández, Mónica Rodríguez Della Vecchia y Azucena Rosas Tapia, se trabajó de la mano con la Fundación Carmen Sánchez y su presidenta que tiene el mismo nombre, además de Lessly Moreno, Ximena Canseco y sobrevivientes poblanas como Esmeralda Millán y Andrea Flores.