María Teresa Castro, secretaria de Planeación y Finanzas, entonó una mea culpa y reconoció sus pecados.
Este día, en Casa Aguayo reconoció sus yerros; incluso, la voz se le quebró.
Una de las funcionarias consentidas del barbosismo invirtió 600 millones de pesos del erario en Banco Accendo; la cual, quebró en 2021 y aún regresa un centavo de dicha operación.
El Gobierno de Puebla “no tiene un quebranto financiero”, sostuvo Teresa Castro, al detallar que de manera permanente informa a la autoridad competente respecto a los movimientos financieros.
Aclaró que la inversión hecha en Accendo Banco se realizó cuando estaba legalizada ante la Comisión Nacional Bancaria de Valores; además, subrayó que se tiene un proceso legal para recuperar la cantidad perdida por el cierre de esta empresa.
Este día, el periodista Alejandro Mondragón, en su columna “Al Portador”, documenta como la funcionaria estatal invirtió a nombre del gobierno de Puebla, 600 millones de pesos en el Banco Accendo.
Al banco en cuestión se le revocó en septiembre del 2021 la autorización para operar; inclusos, se detuvo al ex presidente de Banco Accendo, Francisco Javier Reyes de la Campa.
Dicha institución crediticia contó la bendición y buenos oficios del ex secretario de Hacienda y ex senador Ernesto Cordero, quien operaba como asesor de gobiernos panistas y morenistas. Por cierto, el ex funcionario calderonista era un amigo cercano al finado gobernador Miguel Barbosa.
Ante la quiebra del Banco Accendo, escribe Alejandro Mondragón, el gobierno de Puebla aparece como acreedor. Figura en el lugar seis de nueve categorías para recibir algo con la liquidación de la entidad financiera.
Pagan deuda con Hacienda
Aunado a lo anterior, el Servicio de Administración Tributaria sancionó al Gobierno de Puebla con 2 mil 600 millones de pesos luego de que intentara la devolución de impuestos generados en 2009 y 2010, informó María Teresa Castro Corro, secretaria de Planeación y Finanzas.
La funcionaria estatal explicó que en 2015 la administración estatal contrató al despacho Sistemas Lack, el cual recomendó pedir la devolución de impuestos al SAT y éste lo hizo en dos partes, una se dio en 2015 y otra en 2016, en total sumaron 702 millones de pesos.
A pesar de este escenario, la funcionaria estatal argumenta que no se verán afectados los programas y proyectos contemplados para este año, aunque si se tendrá que aplicar “la austeridad”.
Por su parte, el gobernador el gobernador Sergio Salomón reconoció que este pago afecta al estado porque esos recursos representan acciones gubernamentales, sin embargo, anunció que gestionará presupuesto y partidas ante las instancias federales y el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Además, garantizó que esta situación no impactará las necesidades prioritarias de la población, como el salario de maestros, médicos y policías, así como tampoco programas estratégicos y el cumplimiento de las obligaciones y el gasto comprometido. En ese sentido, descartó la contratación de una línea de crédito.
Además, advirtió que el gobierno estatal iniciará las acciones pertinentes para proceder contra quien o quienes resulten responsables de estas omisiones.
“Nosotros vemos con tristeza cuando no hay una responsabilidad propia, si hay un conocimiento o no de la ley, hay acciones que generan dolo y eso es algo que nos lastima a todos los poblanos y poblanas”, dijo.
