El sueño de Eduardo Alcántara Montiel de aparecer en la boleta electoral del 2024 se esfuma lentamente.

El Tribunal Electoral del Estado de Puebla ordenó su incorporación al catálogo de sujetos sancionados por violencia política de género durante un plazo de tres años.

Érika de la Vega denunció que Alcántara Montiel condicionó su participación a cambio de un presunto pago de un millón y medio de pesos o un encuentro sexual.

En sesión pública, el pleno del Tribunal Electoral del Estado resolvió por unanimidad el asunto especial para la protección de los derechos político-electorales de la sociedad, en cumplimiento a la sentencia derivada del juicio SCM-JDC-374/2022, resuelto por la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

De igual forma, se propone el dictado de medidas de reparación y de no repetición, consistentes en una disculpa pública, la acreditación de los denunciados, en un curso, taller o conferencia que tenga por objeto la sensibilización en género, masculinidad, prevención de la violencia de género, o similares; impartido por una institución pública avalada para ello; así mismo se propone ordenar la continuidad de las medidas de protección otorgadas por la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral del Estado

Además, la sentencia alcanzó a la legisladora de Acción Nacional, Genoveva Huerta Villegas, quien tendrá que ofrecer una disculpa pública y tomar un curso de sensibilización, porque en su faceta de presidenta estatal del blanquiazul fue omisa ante la denuncia que enfrentó Alcántara por el caso.


Recordemos

El 30 de marzo, los integrantes de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinaron que Alcántara Montiel cometió hostigamiento sexual en contra de su compañera de partido Érika de la Vega Gutiérrez y acreditaron la comisión de violencia política contra las mujeres por razón de género.

Además, observaron que Genoveva Huerta, entonces dirigente del PAN en Puebla, fue omisa ante las acusaciones emitidas por la exaspirante a la alcaldía de San Pedro Cholula en 2021, municipio que actualmente es gobernado por la suegra del legislador, Paola Angon Silva.

La sentencia de la SRCDMX fue impugnada ante la Sala Superior del TEPJF por el diputado local Eduardo Alcántara Montiel. El recurso sería atendido por la Sala Superior en la sesión del 19 de abril; sin embargo, fue retirado de última hora sin que se explicaran las causas.