Es un hecho, el diputado panista, Eduardo Alcántara Montiel, está fuera del proceso electoral del 2024 y con ello su proyecto político quedará en anécdota.
Los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declararon improcedente la impugnación y ratificaron la sentencia para incluirlo durante tres años en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.
Recordemos.
El pasado 30 de marzo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación acreditó que Eduardo Alcántara incurrió en actos de hostigamiento sexual y amenazas contra Erika de la Vega en la elección de 2021, en un intento de condicionar su participación como aspirante a una candidatura de ese partido.
El TEPJF, a través de la Sala Regional Ciudad de México, agregó que la entonces dirigente estatal de Acción Nacional y actual integrante de la bancada albiazul de la Cámara de Diputados, Genoveva Huerta Villegas, fue omisa en el caso, porque no llevó a cabo actos para investigar los hechos, sancionarlos y erradicarlos.
De la Vega aseguró que Eduardo Alcántara aprovechó su función como asesor principal de Genoveva Huerta en la elección de 2021, para ofrecerle la candidatura del PAN a la alcaldía de San Pedro Cholula, a cambio de un encuentro sexual o el pago de 1.5 millones de pesos.
Al analizar el caso a raíz de una queja promovida por De la Vega, el Tribunal Electoral del Estado de Puebla juzgó inexistente la violencia política en razón de género. Sin embargo, el pasado 30 de marzo la Sala Regional Ciudad de México revocó el fallo, porque omitió valorar las pruebas que se presentaron contra Eduardo Alcántara y Genoveva Huerta.
“Cometió violencia política contra las mujeres por razón de género, porque los actos de hostigamiento sexual acusados por la actora se dieron en el marco de su participación política como simpatizante de un partido y aspirante a una candidatura a un cargo de elección popular por dicho instituto político.
”Tuvieron por objeto anular o restringir el ejercicio de sus derechos político electorales, al pretender condicionar su participación en el proceso interno del partido a través de amenazas y solicitudes de tipo sexual y económico lesivas de su dignidad e integridad física y psicológica”, concluyó.
