Al final, el senador Alejandro Armenta tenía razón.
La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña, reconoció ser la autora de los mensajes que intercambió por WhatsApp con el senador poblano, Alejandro Armenta Mier, pero negó que estos sean una amenaza.
En carta firmada, sin membretes de la Corte o del Poder Judicial, la ministra de la Corte reconoce que sí hizo un reclamo sobre “datos inexactos, así como sobre la labor de quienes formamos parte del Poder Judicial me indignan”.
Además, reconoció que no fue la vía adecuada para el mensaje y confío en que su “modo frontal y directo de hablar se distinga claramente de una amenaza”.
A continuación, se reproduce la carta de la ministra de la Corte:
Hago esta aclaración por respeto a quienes han mostrado apoyo a mi persona.
Por respeto a mis pares y a mi familia. No quiero que mi silencio deje lugar a dudas. Como lo manifesté expresamente en la comunicación personal con el Senador Armenta Mier, sostengo en público lo que dije en privado.
Sus expresiones sobre datos inexactos, así como sobre la labor de quienes formamos parte del Poder Judicial me indignan. Reconozco que la vía utilizada no fue la más adecuada. Confío en que mi modo frontal y directo de hablar se distinga claramente de una amenaza.
La honestidad es el criterio para construir el México que la Constitución garantiza y que las y los mexicanos nos exigen.
Armenta denuncia presuntas amenazas
El día de ayer, durante la sesión de la Comisión Permanente, el senador Alejandro Armenta denunció que recibió una serie de mensajes de un número telefónico, que presuntamente corresponde a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con la probable intención de presionarlo, intimidarlo o, incluso, que pretenden amenazarlo por su desempeño como legislador federal.
Informó a la Asamblea que, como presidente del Senado de la República, envió una carta a la presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña Hernández, para solicitarte que verifique los hechos que tuvieron lugar el pasado 16 de mayo, toda vez que Francisco Tapia -quien se acreditó como asesor de la ministra-, mediante una serie de mensajes de WhatsApp, pretendió crear un canal de comunicación entre el senador y la titular de la Corte.
Armenta relató que alrededor de las ocho de la noche del martes, su secretaria le proporcionó el número telefónico del senador a quien se presentó como asesor de la ministra.
Acto seguido, continuó el legislador, alrededor de las nueve de la noche, recibió una serie de mensajes, presuntamente del número telefónico de la presidenta de la SCJN, “con la muy probable intención de presionar, de intimidar o incluso de pretender amenazar al suscrito, por mi desempeño como legislador federal; contraviniendo con ello lo dispuesto en el artículo 61 de nuestra Carta Magna”.
Por lo anterior, y bajo protesta de decir verdad, Alejandro Armenta solicitó el invaluable apoyo de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que se puedan clarificar formalmente los hechos narrados.
“Mi responsabilidad, al igual que la suya, implica defender la inviolabilidad de nuestros derechos y el libre ejercicio de nuestras atribuciones y competencias. Por ello, resulta fundamental respetar los principios que deben honrar nuestro quehacer público”.
El senador expuso al Pleno que informa de estos hechos, porque tiene la obligación de proteger la inviolabilidad de cada uno de los integrantes de este cuerpo legislativo; “y en esa inviolabilidad también me incluyo yo”.
Posteriormente, Alejandro Armenta aclaró que solicitó por escrito que se aclaren los hechos, y de ser ciertos se tendrá que proceder legalmente; pero de no ser ciertos se tendrá que investigar para deslindar la responsabilidad que corresponde.
