La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Puebla ha hecho un enérgico llamado a la creación de una legislación robusta en materia de ciberseguridad que garantice y salvaguarde los derechos humanos en el entorno digital. La iniciativa pone un énfasis particular en la protección de la dignidad, la libertad de expresión y el acceso a la información.

En una rueda de prensa, la presidenta de Coparmex Puebla, Beatriz Camacho Ruiz, subrayó la necesidad de una legislación moderna que vaya más allá de las sanciones. Según Camacho Ruiz, esta debe incluir mecanismos de prevención, educación y una cooperación efectiva entre autoridades educativas, tecnológicas y de seguridad.

La empresaria explicó que, durante el Parlamento Abierto Empresarial realizado este miércoles en el marco de su junta de consejo mensual, se destacó la urgencia de impulsar una reforma al artículo 480 del Código Penal del Estado. La presidenta de Coparmex Puebla señaló que la redacción actual de este artículo contiene ambigüedades que podrían potencialmente vulnerar la libertad de expresión de los ciudadanos.

El foro contó con la destacada participación de Laura Artemisa García Chávez, presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) del Congreso del Estado de Puebla, así como de especialistas, académicos y representantes del sector empresarial. Durante el evento, se presentaron nueve ponencias que abordaron el tema desde perspectivas técnicas, científicas y jurídicas.

Camacho Ruiz informó que la diputada García Chávez recibió diversas propuestas y se comprometió a fomentar un diálogo legislativo en torno a la ciberseguridad. Por su parte, García Chávez afirmó que convocará a los coordinadores de las diferentes bancadas del Congreso local para analizar y discutir los ajustes necesarios, con el objetivo de presentar una reforma que beneficie a toda la ciudadanía.

Finalmente, Camacho Ruiz reiteró que las propuestas presentadas en el Parlamento Abierto se enfocaron en los riesgos y vacíos legales de la normativa actual, así como en la imperativa necesidad de garantizar que cualquier reforma legislativa en ciberseguridad respete plenamente los derechos fundamentales.