En medio de cuestionamientos por el servicio, tarifas y cumplimiento de la concesión, la titular del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla (SOAPAP), Josefina Morales Guerrero, y el director general de Agua de Puebla, Jordi Bosch Bragado, comparecieron ante la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal de la LXII Legislatura.

Durante la sesión, ambos funcionarios presentaron un balance de operación, finanzas e infraestructura, al tiempo que enfrentaron críticas de legisladores de distintas fuerzas políticas por deficiencias en el suministro, cobros y calidad del servicio.

Morales Guerrero detalló el estado financiero del organismo, el avance en el pago de la deuda, así como la cobertura y el seguimiento a obras de mantenimiento. También aseguró que la empresa concesionaria cumple con los indicadores establecidos y el Plan de Inversión.

En materia de disponibilidad de agua, explicó que se han gestionado nuevos permisos ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Actualmente, dijo, existen 10 títulos de asignación que respaldan 208 pozos operados por Agua de Puebla, con un volumen autorizado de 126.2 millones de metros cúbicos, lo que permitiría una dotación de 191.8 litros por habitante.

Por su parte, Jordi Bosch Bragado presentó un balance técnico correspondiente a 2025. Informó que el sistema hidráulico atiende 963 colonias, con una red de más de 4 mil 100 kilómetros de agua potable y más de 3 mil 200 kilómetros de drenaje sanitario.

El directivo destacó un incremento de 3 hectómetros cúbicos en el volumen de agua respecto a 2024, atribuido a la recuperación de caudales, rehabilitación de infraestructura y mejoras operativas. Afirmó que este aumento ha permitido redistribuir el servicio hacia zonas históricamente afectadas por el desabasto.

Sin embargo, las cifras y argumentos no evitaron una serie de cuestionamientos por parte de las y los legisladores.

La diputada de Movimiento Ciudadano, Fedrha Isabel Suriano Corrales, advirtió una posible superposición de funciones con el Ayuntamiento de Puebla y exigió claridad sobre las acciones específicas que realiza la concesionaria en monitoreo y calidad del agua. También cuestionó quién asume la responsabilidad cuando no se cumplen los estándares de saneamiento y por qué se mantiene la operación pese a indicadores negativos.

Desde el PRI, la diputada Delfina Pozos Vergara puso sobre la mesa la contratación de un despacho externo para realizar actos de autoridad, como verificaciones, cobros y posibles sanciones, lo que, advirtió, podría derivar en irregularidades o incluso conductas delictivas. Además, cuestionó la falta de recursos federales para infraestructura, particularmente plantas de tratamiento.

El diputado Elpidio Díaz Escobar, de Fuerza por México, centró sus críticas en el desabasto en diversas colonias, el incremento de tarifas pese a un servicio irregular y las fallas en los sistemas de facturación que derivan en cobros indebidos.

En la misma línea, el legislador de Nueva Alianza, Elías Lozada Ortega, cuestionó el incumplimiento en la frecuencia de suministro, que debería ser de al menos cuatro días a la semana según la concesión, así como la calidad de las obras y la atención a quejas por cobros excesivos.

Por su parte, el diputado del PAN, Rafael Alejandro Micalco Méndez, pidió explicaciones sobre el porcentaje de agua que se pierde en la red, la falta de atención a fugas y la baja dotación en distintas zonas, además de señalar una reducción en recursos destinados al saneamiento y alcantarillado.

Finalmente, la diputada del Partido del Trabajo, Esther Martínez Romano, cuestionó la respuesta que se brinda a los usuarios ante cobros excesivos, el funcionamiento de las plantas tratadoras, el cumplimiento de normas oficiales y las áreas de oportunidad para mejorar el servicio.