Desde la cima hasta el infierno. Estos políticos no pasan por su mejor momento. 

Algunos vivieron en la opulencia, en las zonas más exclusivas del estado de Puebla; hoy yacen en el Centro de Reinserción Social de San Miguel, u otro Cereso, como el de Tepexi. Mientras su proceso judicial continúa. 

Todos pecaron en su momento, sin excepción. Se confiaron. Se ufanaron de ser intocables, de tener buena relación con el gobernador en turno; sin embargo, la justicia los alcanzó, los tiempos son otros. 

Los nombres de Eukid Castañón, Leoncio Paisano, Víctor Hugo Islas, José Alejandro Martínez Fuentes, Felipe Patjane, Bernardo Fernández Tanús son el vivo ejemplo de una clase política que la 4T quiere cotar de raíz.

Veamos.

Eukid Castañón, el principal operador político del ex gobernador Rafael Moreno Valle, acusado de ser el orquestador de las prácticas de represión, espionaje y de violencia política contra opositores del gobierno, fue aprehendido el 18 de marzo del 2020, por los delitos de extorsión, posesión de arma de uso exclusivo del Ejército, operaciones con recursos de procedencia ilícita y por amenazar a una regidora del municipio de Atlixco.

Aunado a esto, existe un expediente abierto por la llamada “Estructura Maya”, en donde se investiga el desvío de 400 millones de pesos, según la Auditoría Superior del Estado, a través de contratos de empresas como empresas Laboratorio de Ingeniería y Geotécnica y Desarrollo de Infraestructura.

El ex alcalde de San Andrés Cholula, Leo Paisano, fue detenido el 13 de abril de 2021 mediante una orden de aprehensión girada por el delito de abuso de autoridad, aunque posteriormente el agente del Ministerio Público agregó a la carpeta administrativa el delito de peculado.

El 19 de abril fue enviado al penal de San Miguel.

Por los delitos de abuso de autoridad, ejercicio indebido de funciones públicas y delitos contra el funcionamiento del Sistema de Seguridad Pública, el alcalde de Quecholac, José Alejandro Martínez Fuentes, quedó vinculado a un proceso penal, lo que implica que permanecerá preso en el penal de Tepexi de Rodríguez.

Por cierto, es familiar de Antonio Valente Martínez Castillo, conocido como “El Toñín”, a quien se le señala de ser un capo del robo de combustible en la región delictiva conocida como el triángulo rojo.

Felipe Patjane fue detenido la noche del 15 de noviembre de 2019. La aprensión fue en el aeropuerto de la Ciudad de México. Se le acusó por los delitos de peculado, abuso de funciones y usurpación de cargo público. Ya en prisión, la Fiscalía le sumó otros dos procesos: por abuso de autoridad y ejercicio indebido de funciones públicas.

No concluyó su trienio, ni su boda. 

Vítor Hugo Islas Hernández, político de la época del ex partidazo, fue detenido a principios del mes de septiembre del 2021, por personal de la Fiscalía General del Estado de Puebla, presuntamente cometió el delito de falsedad en declaraciones e informes dados a una autoridad, toda vez que en julio de este año 2021 declaró ante el agente del Ministerio Público para señalar el supuesto robo de una camioneta Jeep roja con placas de circulación del estado de Puebla.

Sin olvidar el delito de violencia familiar en agravio de su ex pareja sentimental, quien denunció que desde el año 2018 era víctima de agresiones físicas y verbales.

El ex priista ahora fanfarronea en San Miguel, cuentan los internos. 

Bernardo Fernández Tanús, ex jefe de oficina del entonces secretario General de Gobierno, Fernando Manzanilla Prieto, fue detenido el 20 de diciembre por su presunta responsabilidad en el saqueo de bienes en Casa Puebla.

La Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción acreditó que, en marzo de 2019, sin tener autorización para ello, ordenó la salida de Casa Puebla de diversos muebles, 72 para ser exactos, que eran propiedad del Estado y su destino aún es desconocido.

Ahora, San Miguel está a la espera de un reo más, el auditor Francisco Romero Serrano, quien fue detenido por la Fiscalía General del Estado la noche del viernes en el Fraccionamiento de La Vista. Se le acusa por los delitos de violencia familiar y enriquecimiento ilícito.