En Guatemala viven en otra época. 

El Congreso de Guatemala, controlado por conservadores oficialistas, aprobó una ley que sanciona el aborto con cárcel de hasta 25 años y prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo. 

La Ley para la Protección de la Vida y de la Familia, o iniciativa 5272, propuesta por el partido conservador VIVA, fue aprobada por una amplia mayoría de legisladores, incluyendo algunos de partidos aliados del presidente Alejandro Giammattei.  Solo ocho legisladores de 160 votaron en contra.

La iniciativa la sacaron de la congeladora en la que estaba desde el 2018.

La norma eleva las penas de prisión para las mujeres que aborten, que antes iban de 5 a 10 años y ahora serán hasta 25 años, y aunque mantiene la posibilidad de interrumpir el embarazo solo cuando esté en peligro la vida de la madre, endurece las condiciones para practicarlo.

En Guatemala solo está permitido el denominado aborto terapéutico, cuando está en peligro la vida de la madre, que ahora tendrá un mayor control, según la nueva ley. 

“Mientras otros países avanzan en la aprobación de leyes abortistas y en leyes que degeneran el concepto original de familia, esta iniciativa pasa a ser una ley importante para la sociedad guatemalteca”, argumentó el diputado Armando Castillo del partido VIVA.

“Perder un embarazo es devastador y esta ley, a pesar de que una mujer pueda estar en duelo, le aplica automáticamente la etiqueta de sospechosa. Se está criminalizando y penalizando abortos espontáneos y eso es peligroso”, advirtió por su parte la congresista Lucrecia Hernández, del partido de centroizquierda Semilla.

Por su parte, Samuel Pérez Álvarez, diputado de la bancada Semilla, señaló que no debería llamarse la ley de la vida y la familia, “debería llamarse ley para encarcelar y matar mujeres”.

La reforma estigma a la diversidad 

Además, la polémica normativa prohíbe fomentar en la niñez y adolescencia programas para promover la diversidad sexual, “la ideología de género o enseñar como normales las conductas sexuales distintas a la heterosexualidad”.

El texto de marras señala también que ninguna persona podrá ser perseguida penalmente “por no aceptar como normal la diversidad sexual o la ideología de género”.

El procurador de los Derechos Humanos en Guatemala, Jordán Rodas Andrade, condenó la decisión de los legisladores, al igual que organizaciones de personas LGBTIQ, y anunció que promoverá una acción de inconstitucionalidad.

“Viola los derechos humanos, viola los convenios internacionales ratificados por Guatemala, es un retroceso a las libertades”, afirmó.