Quien trae el santo de espaldas es el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Héctor Sánchez Sánchez. Sus bonos, de momento, cayeron. El veto es más que evidente. El doble discurso no se perdona.

El caso de Miriam Vázquez puso en evidencia el accionar del Poder Judicial y pasó factura a nuestro personaje, quien aspira a convertirse en candidato al gobierno de Puebla.

Dicho caso llegó a Casa Aguayo. El gobierno del Estado ya tomó cartas en el asunto; incluso, el mandatario Miguel Barbosa reiteró todo el apoyo institucional a la señora Miriam Vázquez, cuya hija, menor de edad, fue violada hace dos años por su expareja sentimental, Ramón N., quien está en libertad debido a que un juez reclasificó el delito.

Incluso, el gobernador Barbosa hizo un llamado al Tribunal Superior de Justicia a que asuma la investigación del caso pues “al Poder Judicial se le defiende aplicando la ley, no se le defiende preservando los privilegios que hay dentro", aseveró.

En ese sentido, el mandatario pidió al Tribunal Superior de Justicia no actuar en agravio de la sociedad sino en beneficio de ella, y recriminó que los jueces consideren que las violaciones fueron relaciones consentidas.

Durante la videoconferencia de este día en Casa Aguayo, el oriundo de Zinacatepec estuvo acompañado por Miriam Vázquez, quien narró lo sucedido con Ramón N. y la violación que sufrió durante este proceso por parte de su asesor legal, el cual estará sujeto a la investigación y sanción que corresponda.

Ahí, la señora destacó la respuesta y el apoyo que ha recibido del gobierno estatal y del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla.

No obstante, el gobernador reiteró el respeto y reconocimiento del gobierno estatal hacia el Poder Judicial de Puebla, al destacar que existen grandes juristas; no obstante, señaló que requiere de una reforma para fortalecerlo, al tiempo de recordar el llamado a los Poderes del Estado a ser cabezas de la trasformación.

Por último, Barbosa Huerta reconoció que está preocupado por las determinaciones que toman algunos jueces, por lo que advirtió que el gobierno estatal vigilará su actuación para garantizar la aplicación de la ley.


La Fiscalía lo detiene; el Poder Judicial lo ampara

En tanto, la Fiscalía General del Estado de Puebla investiga los presuntos hechos delictivos en los que una adolescente de entonces 14 años de edad fue víctima de delitos sexuales por parte de su padrastro Ramón N, en el municipio de Huauchinango.

En un mismo domicilio vivían la víctima, el ahora imputado, la madre de la agraviada y otra niña que es hija de Ramón N. y de la mujer adulta. En el año 2020, presuntamente el hombre abusó sexualmente de su hijastra quien entonces tenía 14 años de edad, lo que derivó en que diera a luz a una bebé.

Además, el señalado se llevó del domicilio familiar a las tres menores de edad siendo una niña, su hijastra adolescente y la bebé que procreó con ella. Presuntamente estuvieron en varios estados del país.

La Fiscalía investigó el caso y solicitó y obtuvo orden de aprehensión en contra de Ramón N. La autoridad judicial otorgó el mandamiento por el delito de violación agravada.

Personal de la Agencia Estatal de Investigación lo aprehendió y durante el desarrollo de la audiencia, la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres sustentó datos de prueba en contra del imputado por el delito de violación agravada y solicitó la prisión preventiva en su contra, no obstante, el Juez de Control reclasificó el delito a estupro y determinó como medida cautelar firma periódica.

Ramón N fue vinculado a proceso únicamente por el delito de estupro. El delito de estupro en el contexto del hecho establece una pena de 5 a 10 años de prisión, mientras que el de violación agravada es de 10 a 40 años de cárcel. Se tiene conocimiento de que el imputado es medio hermano de un juez.

Ante la disparidad entre la orden de aprehensión otorgada por la autoridad judicial y por el cambio de criterio sin mediar elementos de prueba o considerar otros ajenos a las partes; no obstante, la Fiscalía promoverá las acciones que estime conducentes para que en este caso como en todos los que interviene la Institución se procure una justicia objetiva y apegada a los hechos.

La adolescente hijastra del imputado, su bebé de un año y su media hermana de 8 años de edad, están bajo protección del Sistema Estatal DIF, de conformidad a lo que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley General y Estatal de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.


La postura del Poder Judicial

El pasado viernes, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla anunció una investigación sobre el actuar del Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Norte, con Sede en Huauchinango, en torno al caso de un hombre detenido en Huauchinango y vinculado a proceso por la presunta comisión de delitos sexuales contra una menor.

“Es de interés primordial del Consejo de la Judicatura garantizar a la ciudadanía información oportuna y clara, por lo que una vez concluida la investigación se darán a conocer los resultados de la misma”, informó el Poder Judicial en un comunicado.

“El Poder Judicial del Estado de Puebla refrenda el compromiso de garantizar una justicia imparcial, independiente y expedita, así como el combate a la corrupción, a través de los mecanismos de vigilancia y disciplina estipulados en la ley”, se lee en el texto de marras.