El presidente de la Junta de Coordinación Política, Adán Augusto López Hernández, informó al Pleno que se inició en el Senado de la República un proceso para limpiar de “cualquier sospecha de corrupción” a esta Cámara.

En tribuna detalló que se dio inicio al procedimiento para rescindir contratos sobre “dos negocitos añejos”: uno, dijo, tiene que ver con una empresa a la que anualmente se le beneficiaba con más de 60 millones 529 mil pesos al año, para la prestación de la administración de los archivos del Senado de la República.

Aseguró que este proceso no sólo se inició con la rescisión de esos contratos, sino que se le ha pedido al director general de Asuntos Jurídicos del Senado, Luis Genaro Vásquez Rodríguez, que presente las denuncias correspondientes.

“Que se informe por qué la administración del archivo consistía en mantener papelería diversa en una bodega en el estado de Hidalgo”, de la que se dará a conocer la ubicación precisa a las autoridades correspondientes, indicó.

La empresa, abundó López Hernández, se llama Full Service de México y no existe en los archivos del Senado ningún antecedente, más allá del nombre y del contrato firmado año con año.

Adicionalmente, informó a la asamblea que otra de las acciones consiste en la rescisión de un contrato multianual, por el que se destinan 90 millones 427 mil 500 pesos a una empresa que se llama Grupo Piasa, que se dedica al mantenimiento de elevadores.

“Y vamos a presentar las denuncias correspondientes, para que informen al Senado de la República y para que todos los mexicanos sepamos de quién es la empresa, porqué hay elevadores en los que incluso, ni siquiera se pudo instalar un aparato”, recalcó.

Además, indicó, se presentarán en la próxima sesión tres o más contratos, en los que también se “simulaban prestaciones al Senado de la República”.

Por otra parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política informó al Pleno que la Cámara de Diputados aprobó una reducción al presupuesto del Senado de la República para el próximo año por 123 millones de pesos.

Destacó que este recorte a la Cámara de Senadores “nos obliga a revisar la aplicación del presupuesto”, pues, recordó, existe un compromiso con los trabajadores de limpieza y mantenimiento, luego de que hace unos días se firmó un convenio para contratarlos y dar fin al vicio laboral que se conoce como outsourcing.

Por su parte, el presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, manifestó el respaldo de los integrantes de este órgano de gobierno a la determinación del presidente de la Junta de Coordinación Política.

Ricardo Monreal responde 

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, aseveró que en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2025, recientemente aprobado, no hubo recorte presupuestal alguno al Senado de la República; por el contrario, se incrementó 3 por ciento.

“El Senado puede desempeñar perfectamente su función con este presupuesto; perciben más de lo doble que las diputadas y los diputados, que se quedaron rezagados con el tiempo en su dieta y en su trabajo”, expresó.

Aseguró que el Presupuesto no fue arbitrario, ni menos faccioso o unipersonal. “De manera coordinada, se analizó conjuntamente con personas servidoras públicas del Ejecutivo Federal”.

Monreal Ávila sostuvo que el senador Adán Augusto López estaba enterado sobre esto, “quien me contestó que salían con 100 millones de pesos más y se aprobaron 150 millones más”.

Explicó que antes de aprobarse el PEF 2025, “él sabía perfectamente lo que contenía y expresó su beneplácito con tal cantidad; inclusive recordamos el fideicomiso del que dispone el Senado por más de mil millones de pesos, que desde la construcción del edificio sede existen a disposición de esa Cámara y que cada año se incrementan por los intereses”.

Enfatizó que durante el lapso de tiempo que presidió la Junta de Coordinación Política en el Senado, la institución fue sujeta a un riguroso escrutinio por parte de la Auditoría Superior de la Federación y de la Contraloría Interna.

Comentó que las expresiones vertidas en contra de la administración que encabezó en el Senado, como la presunta administración indebida de los archivos por 60 millones, que se presentaban de manera irregular, y sobre los contratos de elevadores por 90 millones “son infundios y falsedades”.

“En ambos casos existen licitaciones públicas y auditorías solicitadas personalmente por mí: ahí están los oficios y los resultados de ellas, en previsión de que pudieran surgir este tipo de perversidades políticas”, sostuvo.

Enfatizó que en su vida “la adversidad y la mala fe me han perseguido, pero las he enfrentado sin titubeos. Casi siempre provenían de la oposición; hoy vienen de parte de correligionarios, pero de igual forma les haré frente con la verdad”.

Agregó que semestralmente solicitó ampliar su programa con especial énfasis en las contrataciones de infraestructura tecnológica de información y las de mayor relevancia por su monto contratado, por lo que de septiembre de 2018 a diciembre de 2023 se realizaron 77 auditorías, en promedio 13 por año.

Asimismo, dijo, se revisaron todas las cuentas públicas de 2018 a 2022, y hubo 45 recomendaciones y sólo una observación, totalmente ellas debidamente solventadas. Se puede auditar y consultar a la propia Auditoría Superior de la Federación, añadió.

Finalmente, exhortó a que se presenten todos los contratos simulados que dicen tener. “Aplaudo que se transparenten y se hagan públicos todos ellos”.

“Quien nada debe nada teme, y entiendo que es una escena política en la que el teatro que están armando va a caer por su propio peso”, enfatizó.