El gobierno del estado de Puebla ha puesto la lupa sobre inversiones que superan los 300 millones de pesos en CI Banco y Vector Casa de Bolsa, instituciones financieras actualmente investigadas por autoridades de Estados Unidos. Las pesquisas apuntan a presuntos vínculos con el lavado de dinero, a través de complejas estructuras corporativas ligadas al narcotráfico y con origen en China.
Según Josefina Morales, secretaria de Finanzas del Estado, estas inversiones se realizaron durante las administraciones de los exgobernadores Mario Marín (2005-2011) y Rafael Moreno Valle (2011-2017), lo que añade una capa de complejidad al caso.
Entre marzo de 2008 y febrero de 2009, la administración estatal invirtió 201.6 millones de pesos en productos financieros a través de Vector Casa de Bolsa. A raíz de una intervención legal, se ha logrado una recuperación significativa. El pasado 5 de marzo de 2025, se recuperaron 15.5 millones de pesos, y hasta junio la cifra asciende a 169.5 millones de pesos recuperados.
Sin embargo, 32.1 millones de pesos de esta inversión permanecen en Vector, con vencimiento hasta el año 2033. La secretaria Morales ha explicado que una venta anticipada de estos recursos podría generar pérdidas, por lo que el gobierno está evaluando la mejor estrategia para su liberación, priorizando la minimización de riesgos.
En cuanto a CI Banco, la Secretaría de Finanzas informó sobre la existencia de un fideicomiso por 98.7 millones de pesos. Este fue constituido durante la gestión de Moreno Valle como garantía para el pago de obras bajo las modalidades de Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) y Asociación Público-Privada (APP).
Actualmente, el gobierno de Puebla está en proceso de sustituir al fiduciario de este fideicomiso, con la intención de trasladarlo de CI Banco a BBVA México. La firma del nuevo contrato está programada para esta misma semana, lo que representa un paso clave para desvincular los recursos estatales de la institución financiera bajo investigación.
La situación subraya la necesidad de una revisión exhaustiva de las inversiones gubernamentales pasadas y presentes para garantizar la transparencia y proteger los recursos públicos de cualquier actividad ilícita.
