La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado de Puebla ha desmentido categóricamente el uso y la existencia del sistema de espionaje "Pegasus" dentro de la dependencia. Este software, presuntamente adquirido durante la administración del exgobernador Rafael Moreno Valle para espiar a opositores políticos, no ha sido empleado, según las autoridades actuales.

En una rueda de prensa, el secretario de la SSP, Francisco Sánchez González, afirmó que no existe evidencia alguna de que dicho software haya sido utilizado en labores de inteligencia o en el combate a la delincuencia en la entidad. El funcionario fue enfático al señalar la inexistencia de registros del controvertido sistema.

"No tenemos ningún registro o existencia de algún sistema de inteligencia denominado Pegasus. El único equipo con el que contamos es el que usamos para labores de inteligencia, y debo decir que es un equipo atrasado", indicó Sánchez González.

El secretario agregó que el equipo actualmente disponible para tareas de inteligencia en la SSP es obsoleto y requiere urgentes actualizaciones para mejorar su operación y eficacia.

El debate por Pegasus 

Las declaraciones del titular de la SSP surgen en medio de la reactivación del debate público sobre el uso de software espía en administraciones pasadas, y ante señalamientos que apuntaban a posibles prácticas de espionaje desde instituciones de seguridad en Puebla.

El sistema Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO Group, ha sido objeto de controversia a nivel mundial y, particularmente, en México. Su nombre se hizo tristemente célebre por una serie de investigaciones periodísticas que revelaron su presunto uso para espiar a periodistas, activistas de derechos humanos, y opositores políticos durante administraciones pasadas.

En el caso específico de Puebla, las acusaciones sobre la posible adquisición y uso de Pegasus durante el gobierno del exgobernador Rafael Moreno Valle (2011-2017), y posteriormente de su esposa Martha Erika Alonso (2018), han sido recurrentes. Estas denuncias se enmarcan en un periodo donde diversas voces de la sociedad civil y la política local señalaban prácticas de vigilancia y represión contra disidentes. La desmentida de la SSP actual busca aclarar la situación y deslindar a la administración en curso de dichas prácticas.