El gobernador Alejandro Armenta Mier aseguró que cualquier señalamiento por posible daño patrimonial debe investigarse sin importar colores políticos, luego de las observaciones realizadas por la Auditoría Superior del Estado de Puebla a administraciones panistas de Puebla capital, Cuautlancingo y San Andrés Cholula.
Las revisiones a cuentas públicas correspondientes al periodo 2022-2024 arrojan posibles irregularidades que, en conjunto, superan los 3 mil 300 millones de pesos, situación que ha colocado nuevamente bajo presión a exautoridades municipales y a actores vinculados al PAN en la entidad.
Ante este escenario, Armenta rechazó que la fiscalización pueda interpretarse como un tema de persecución política y sostuvo que el eje central debe ser la rendición de cuentas.
“No es sacar una credencial de afiliación partidista. Es rendición de cuentas”, declaró el mandatario.
El gobernador enfatizó que todos los funcionarios públicos, independientemente de su origen partidista, están obligados a responder por el manejo de recursos públicos.
“Es una obligación que nosotros también tenemos que rendir cuentas, en todos los casos”, agregó.
Asimismo, explicó que su administración remite posibles irregularidades a la Secretaría Anticorrupción y puntualizó que serán la ASE y los órganos internos de control quienes determinen el seguimiento legal o administrativo correspondiente.
Las declaraciones ocurren en un contexto de creciente presión política sobre gobiernos municipales de oposición, particularmente en la zona conurbada de Puebla, donde las observaciones millonarias podrían escalar hacia procesos de responsabilidad administrativa e incluso investigaciones de carácter penal.
