Durante años, el crimen organizado no solo echó raíces en Puebla. También encontró, según el gobernador Alejandro Armenta, espacios de protección y complicidad en las instituciones encargadas de combatirlo. Una herencia que, advirtió, todavía proyecta su sombra sobre la administración pública y los órganos de procuración e impartición de justicia.
Durante la conferencia matutina, el mandatario lanzó una advertencia sobre la profundidad de las redes de corrupción que, sostuvo, se enquistaron en las estructuras del poder y cuya presencia no descarta incluso dentro de su propia administración.
“No dudo que aún complicidades perversas mantengan presencia en la administración, o en la fiscalía, o en el Tribunal Superior de Justicia del Estado”, expresó.
Para Armenta, el desafío no consiste únicamente en combatir a los grupos delictivos que durante años infiltraron Puebla, sino en desmontar las estructuras institucionales que, desde su perspectiva, permitieron su permanencia.
El gobernador describió un escenario marcado por instituciones heredadas del viejo régimen en condiciones de deterioro, corrupción y colapso, cuya recuperación representa uno de los mayores retos de su administración.
Sin embargo, dejó claro que la limpieza institucional no puede convertirse en una persecución al margen de la ley. El proceso, aseguró, deberá conducirse con pleno respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia.
La advertencia del mandatario coloca nuevamente bajo la lupa a las instituciones responsables de garantizar la legalidad y la justicia en Puebla, particularmente a la Fiscalía y al Tribunal Superior de Justicia, donde reconoció la posibilidad de que subsistan complicidades.
El mensaje de Armenta apunta a una deuda pendiente con Puebla: romper los vínculos entre el poder público y la delincuencia, sin vulnerar los derechos ni las garantías que las propias instituciones están obligadas a proteger.
