El ministro Alberto Pérez Dayán fue el que dio entrada a las acciones de inconstitucionalidad promovidas por los partidos políticos PRD, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, así como diversos diputados y senadores integrantes de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, contra el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Además, el ministro determinó que los cambios a las leyes antes mencionadas no serán aplicables durante las elecciones en Coahuila y Estado de México
Los quejosos advierten vulneraciones a la Constitución.
Estas reformas conforman la primera parte del decreto del Plan B impulsado gracias al berrinche que hizo el hijo favorito de Macuspana, Andrés Manuel López Obrador, el cual fue atendido por sus apóstoles partidistas, léase Morena, PVEM y PT, para tranquilizar el pataleo.
Recordemos.
Para regresarle la sonrisa al niño que hacia berrinche desde Palacio Nacional, esta iniciativa fue aprobada por mayoría de votos en las dos cámaras del Congreso de la Unión.
Posteriormente el decreto de reforma fue publicado en diciembre del 2022 en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Pero como nunca falta el quejoso, inmediatamente en enero de este año, “Va por México” dijo: pues no mi cielas, yo no me dejo, y pa luego es tarde, presentó la controversia ante la SCJN.
Con la acción del ministro comienza la batalla legal por el futuro del Plan B, a tan sólo días de la marcha que preparan la oposición y organizaciones civiles en protesta contra la pretensión de reforma electoral.
Mientras tanto, la Suprema Corte deberá revisar las impugnaciones y decidir a quién concede la razón, o como diría el clásico: si decide estar con Dios o con el diablo. En total necesitan ocho de once votos de los ministros para invalidar definitivamente el Plan B, y será en ese momento cuando muestren de qué lado masca la iguana.
