En el cierre del Periodo Ordinario de Sesiones, la diputada local por el Partido del Trabajo, Nora Merino Escamilla presentó ante el pleno del Congreso del Estado dos iniciativas cuyo objetivo es el erradicar la violencia hacia las mujeres.

La llamada Ley 3 de 3 pretende reformar la Constitución del Estado para que nadie que haya sido condenado por violencia familiar, violencia política de género o sea deudor alimentario moroso acceda a los cargos de diputados, magistrados o gobernador.

La iniciativa propone modificar el artículo 22 constitucional para determinar que los derechos y prerrogativas de la ciudadanía se suspenden en tres supuestos relacionados con la violencia contra la mujer.

Las causas de suspensión son “tener sentencia firme en cualquiera de sus tipos penales o supuestos, por delitos contra la vida, la integridad corporal, la libertad y el normal desarrollo psicosexual”, “por tener sentencia firme en cualquiera de sus tipos penales o supuestos, por violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual o violencia política contra las mujeres en razón de género”; así como, “por tener sentencia firme como persona deudora alimentaria morosa”.

Además, propone la conformación de un “Padrón de Deudores Alimentarios”, en donde se pueda registrar a los padres que incumplan su obligación de proveer comida, educación, vestimenta, entre otros a sus dependientes.

Merino Escamilla expuso que el Registro de Personas deudoras Alimentarias Morosos estará a cargo del Registro Civil y contendrá el nombre de los padres que por más de noventa días hayan incumplido con la obligación de dar alimentos a los hijos, así como el nombre, apellidos, el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y Clave Única del Registro de Población (CURP) del deudor alimentario moroso y se solicitará al Registro Público de la Propiedad que realice la anotación respectiva en los folios reales, propiedad para garantizar que cuente con recursos para el pago correspondiente y evitar que pueda venderla.

“Que quiere decir esta Ley 3 de 3, que ninguna persona que este sentenciada por violencia política de género, por violencia familiar o algún tipo de violencia como familiar, sexual, psicológica y además que sea deudor alimentario no podrá ser candidato a un cargo de elección popular”, sostuvo la legisladora.

“Con esto podremos erradicar una situación que genera otro tipo de violencia, sobre todo con las mujeres poblanas que muchas son víctimas de esta situación. ¡No están solas!”, señaló la petista.

Ley Sabina

La llamada “Ley Sabina” es una iniciativa ciudadana impulsada por Diana Luz Vázquez Ruiz, madre de Sabina, quien se unió a colectivas feministas y mujeres que padecían la falta de reconocimiento de la paternidad en las parejas masculinas que, a pesar de la separación, siguen teniendo una obligación como progenitores.

La ley busca el reconocimiento de paternidad y pensión alimenticia; además de conformar un Registro Nacional de Deudores Alimentarios contra los padres que se niegan a pagar la pensión alimenticia de sus hijos.

En el país, poco más de 35 millones de mujeres sostienen económicamente a su familia, lo que en realidad representa que en dichos hogares existe una ausencia de los padres que en muchos casos han abandonado sus responsabilidades.