En un esfuerzo por proteger a la infancia y adolescencia poblana de la creciente amenaza del crimen organizado, el diputado Andrés Iván Villegas Mendoza ha presentado una iniciativa de ley que busca tipificar el reclutamiento forzado como un delito grave en el estado. La propuesta, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla, contempla penas de entre 8 y 15 años de prisión para quienes cometan este ilícito.
La iniciativa, presentada ante el Pleno del Congreso local, surge ante la alarmante realidad que enfrentan miles de jóvenes en el país, quienes son vulnerables a ser captados por organizaciones criminales. De acuerdo con el legislador, la falta de una legislación específica en el ámbito estatal dificulta la persecución y sanción de este delito, dejando en un limbo legal a las víctimas y a sus familias.
Según la propuesta del diputado Villegas Mendoza, se castigará a quien, "mediante violencia, intimidación, engaño o abuso de poder, obligue, induzca, invite, facilite, promueva o coaccione a una persona para integrarse o participar en grupos delictivos, organizaciones criminales, asociaciones ilícitas o en actividades de carácter armado, sin su consentimiento libre e informado".
Esta definición amplia del delito busca cubrir las múltiples modalidades de reclutamiento que utilizan los grupos criminales, que van desde la coacción directa hasta la manipulación psicológica y el aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad de los menores, como la pobreza, la desintegración familiar o la falta de oportunidades educativas y laborales.
El diputado destacó la importancia de esta reforma para que Puebla cuente con herramientas jurídicas robustas que permitan combatir de forma más efectiva este flagelo. "Es nuestra responsabilidad como legisladores garantizar la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes, y esta iniciativa es un paso fundamental para blindarlos ante la delincuencia organizada", afirmó.
La iniciativa fue turnada a comisiones para su análisis y dictaminación, donde se espera que los legisladores evalúen el impacto y la viabilidad de la propuesta. De ser aprobada, Puebla se sumaría a los estados que han tomado medidas legislativas concretas para combatir el reclutamiento forzado, enviando un mensaje claro de que la entidad no tolerará que se utilice a sus jóvenes como carne de cañón para el crimen.
