El primer informe de labores de Isela Sánchez Soya al frente de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) del Estado de Puebla revela una realidad alarmante: el organismo se ha convertido en una oficina de archivo administrativo más que en un defensor de la ciudadanía. Con más de 8,500 quejas recibidas, la Comisión apenas emitió 18 recomendaciones, dejando al 99.5% de los casos sin un señalamiento público contra las autoridades.

A pesar de la narrativa oficial que presume "productividad", los datos duros cuentan otra historia. De las 8,563 quejas formalizadas, la emisión de solo 18 recomendaciones evidencia una renuncia sistemática a la facultad primordial del organismo: exhibir y sancionar las violaciones a los derechos humanos.

El informe destaca que casi 5,000 quejas (más de la mitad del total) fueron concluidas bajo la figura de "durante el trámite". Esta categoría ambigua permite cerrar expedientes de manera masiva sin explicar si hubo reparación del daño o si el funcionario responsable fue sancionado. En la práctica, este mecanismo funciona como una vía de escape para que las instituciones evadan el escrutinio público.

Además, el cierre del 78% de los expedientes por motivos burocráticos como "falta de interés" o "desistimiento" sugiere un desgaste de las víctimas ante la lentitud del proceso, lo que erosiona la confianza en la institución.

La titular de la CDH defendió el uso de la conciliación privada como una estrategia "menos desgastante". Sin embargo, analistas advierten que privilegiar los acuerdos privados sobre las recomendaciones públicas permite que las prácticas abusivas de las autoridades permanezcan en la sombra, convirtiendo a la CDH en un gestor de crisis reputacionales para el Gobierno, en lugar de un contrapeso.

La situación en los penales de Puebla sigue siendo un foco rojo. El informe reconoce:

32 expedientes abiertos por tortura sin resoluciones contundentes.

139 visitas a penales que no se han traducido en cambios estructurales en el sistema penitenciario.

1,832 quejas en rezago (22%), lo que demuestra una capacidad institucional rebasada.

Finalmente, aunque la CDH presume más de 800 capacitaciones y 85 convenios, el informe carece de indicadores de impacto. No existe evidencia de que estas pláticas hayan reducido las violaciones a los derechos humanos o modificado el comportamiento de los cuerpos de seguridad.

La gestión de Sánchez Soya cierra su primer año con números que sugieren una Comisión que ha decidido no "incomodar" al poder público, dejando a las víctimas en un estado de indefensión técnica.