Desde las afueras del Centro de Justicia, Andrea Lezama calificó como grave, peligrosa e incongruente la decisión de la jueza Alejandra Román Pérez. Se modificaron las medidas cautelares, permitiendo que su agresor, Ricardo N, siga su proceso en libertad, poniendo en riesgo a Andrea y a su hijo. Ricardo fue el primer vinculado a proceso en Latinoamérica por el delito de violencia vicaria.
Andrea también reveló que la ministerio público Marisela Domínguez (FGE) no acudió preparada a la audiencia, lo que influyó en la resolución judicial. “La falta de profesionalismo institucional termina castigando a las víctimas y favoreciendo al imputado”, afirmó.
La colectiva Madres Exigiendo Justicia Contra la Violencia Vicaria evidenció que durante la audiencia de este miércoles 29 de octubre de 2025, la jueza cambió las medidas cautelares de prisión preventiva a arresto domiciliario, a pesar de reconocer en la misma audiencia que existe un riesgo real de que Ricardo N nuevamente sustraiga a su hijo menor de edad.
