El Gobierno de Puebla ha puesto sobre la mesa una estrategia definitiva para resolver la crisis del servicio hídrico en la capital: la adquisición mayoritaria de Agua de Puebla. El gobernador Alejandro Armenta confirmó que su administración estudia la viabilidad jurídica y financiera de comprar el 75 por ciento de las acciones de la concesionaria, buscando blindar el servicio ante la posible entrada de capital extranjero.
Durante la Mañanera, Armenta Mier calificó la estructura actual de la concesión como un candado diseñado para perjudicar al erario y beneficiar a particulares.
El gobernador enfatizó que el análisis es minucioso debido a las cláusulas de rescisión que protegen a la empresa, las cuales fueron impuestas durante la administración de Rafael Moreno Valle.
"Estamos trabajando, le vamos a dar una sorpresa a Puebla. Es un tema delicado que lleva procesos jurídicos, pero el derecho al agua es prioritario", señaló Armenta.
El mandatario recordó que la privatización, impulsada por el PAN, se realizó bajo condiciones que impiden una renegociación sencilla, castigando económicamente al Estado si se intenta recuperar el control.
La urgencia por adquirir estas acciones se intensificó tras las alertas lanzadas por la Asamblea Social del Agua y la Contraloría Autónoma del Agua "Joel Arriaga". Los activistas entregaron recientemente un pliego petitorio advirtiendo que, de no intervenir el Gobierno del Estado, la empresa filipina Manila Water Company podría consolidar su control sobre el agua de los poblanos, alejando cualquier posibilidad de transparencia y rendición de cuentas.
Alejandro Armenta anunció que esta recuperación no vendrá sola: su gobierno iniciará investigaciones rigurosas sobre la concesión y otras obras emblemáticas del pasado, como el Museo Internacional del Barroco. El objetivo, aseguró, es aplicar la ley contra quienes diseñaron contratos que mantienen "atado" el presupuesto público y los servicios básicos de la entidad.
