Coparmex Puebla llamó a las autoridades estatales a garantizar el respeto a la propiedad privada, la certeza jurídica y el debido proceso ante cualquier eventual procedimiento de expropiación relacionado con el proyecto de transporte por cable que se construye en la capital poblana.

El organismo empresarial sostuvo que la inversión en infraestructura de movilidad puede representar beneficios importantes para la población, pero advirtió que su ejecución debe apegarse estrictamente a la Constitución y a las leyes, particularmente cuando exista la posibilidad de afectar el patrimonio de particulares.

En un posicionamiento público, Coparmex reconoció que la expropiación es una figura prevista en el marco constitucional; sin embargo, subrayó que se trata de una facultad extraordinaria del Estado y, por tanto, requiere una justificación plenamente fundada y motivada.

El organismo señaló que la existencia de una causa de utilidad pública no basta por sí misma para justificar cualquier afectación a la propiedad privada. La autoridad, planteó, debe acreditar la necesidad de intervenir un inmueble específico, justificar la superficie requerida y demostrar que la medida resulta necesaria y proporcional.

También consideró indispensable garantizar a los propietarios su derecho de audiencia, el debido proceso y una indemnización justa y oportuna, además de analizar alternativas que ocasionen una menor afectación.

Coparmex pidió que las personas que eventualmente resulten involucradas reciban información completa sobre el proyecto de transporte por cable, las superficies que podrían ser requeridas, los procedimientos legales aplicables, los métodos de valuación y los mecanismos disponibles para presentar pruebas o impugnar una determinación.

Ante este escenario, el organismo empresarial llamó a que cualquier procedimiento de esta naturaleza sea evitado cuando existan alternativas y, en caso de resultar indispensable, se desarrolle con máxima transparencia y apertura al diálogo.

Para la representación empresarial, la comunicación con propietarios, comerciantes, comunidades y otros sectores relacionados con la obra debe ser permanente y verificable.

Sostuvo que el diálogo social no debe considerarse un obstáculo para la construcción de infraestructura, sino una herramienta para reducir conflictos, mejorar las decisiones de gobierno y generar legitimidad alrededor de los proyectos públicos.

La organización también puso sobre la mesa el manejo de los recursos destinados al proyecto. Señaló que la certeza jurídica debe ir acompañada de responsabilidad presupuestal, transparencia en las contrataciones, rendición de cuentas y mecanismos para prevenir actos de corrupción.

En este sentido, pidió que cada recurso destinado a infraestructura tenga beneficios verificables para la población y esté sujeto a controles sobre su correcta aplicación.

Coparmex reconoció, al mismo tiempo, que la movilidad constituye un derecho y un elemento indispensable para el desarrollo económico, la productividad y la calidad de vida.

Por ello, consideró que el proyecto de transporte por cable debe evaluarse con información técnica y financiera pública, incluyendo la demanda prevista, los costos de operación y mantenimiento, las alternativas existentes y su integración al sistema de movilidad.

También pidió establecer indicadores que permitan medir sus resultados y acreditar que la inversión representa la mejor alternativa para resolver las necesidades de desplazamiento de la población.

El organismo empresarial sostuvo que defender la propiedad privada no significa oponerse a la inversión en infraestructura pública, sino exigir que ésta se realice con apego al Estado de derecho.

Para el sector privado, agregó, la infraestructura y la certeza jurídica deben avanzar de manera paralela, pues quienes invierten, generan empleos o construyen patrimonio requieren reglas claras e instituciones que protejan sus derechos.

Coparmex Puebla reiteró su disposición para mantener diálogo con autoridades, academia y sociedad civil a fin de que las decisiones relacionadas con el transporte por cable se sustenten en criterios técnicos, transparencia, responsabilidad presupuestal y respeto a los derechos de las personas.